Trump, Bolsonaro y el ocaso democrático: cuando el autoritarismo se disfraza de legalidad
Mientras Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasil y Trump planea cobrar fianzas a turistas, el deterioro democrático se camufla bajo normas y procedimientos. En Estados Unidos, la institucionalidad ya no parece un ejemplo a seguir.
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En Brasil, Jair Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria. No puede hablar por teléfono, ni desplazarse. La justicia lo investiga por haber participado en un intento de golpe de Estado. El dato no es nuevo, pero sí llamativo. En otro contexto —Estados Unidos, por ejemplo— una situación similar no ha derivado en consecuencias tan severas. Trump, acusado de lo mismo, continúa su campaña sin restricciones, y hasta impulsa medidas que rozan lo disparatado.
La comparación es inevitable. Las instituciones brasileñas, al menos en este episodio, parecen estar funcionando mejor que las estadounidenses. La escena de un expresidente que no puede comunicarse ni aparecer públicamente contrasta con la impunidad con la que se mueve su par del norte.
Entre esas medidas recientes promovidas por el entorno de Trump, se destaca una idea que parece sacada de una novela de ciencia ficción burocrática: imponer fianzas de entre 5.000 y 15.000 dólares a ciertos turistas internacionales. Una caución. Como si se tratara de una salida transitoria. Dependiendo del país de origen —es decir, si proviene de una nación que no goza del agrado de Trump— el visitante deberá dejar un depósito. A la salida, si no cometió ninguna infracción, se le devuelve.
La lógica detrás de esta propuesta es difícil de sostener. El país que durante décadas se definió como el emblema de la libertad y la hospitalidad, ahora recibe a los turistas como si fueran sospechosos. No es un impuesto, no es una tasa. Es una medida que presupone una amenaza. Y que, de implementarse, podría aplicarse incluso durante eventos masivos como el Mundial del año próximo.
En Texas, otro episodio ayuda a completar este mapa. El gobernador Greg Abbott, republicano, cercano a Trump, impulsó una ley para modificar el sistema electoral del estado. Los legisladores demócratas decidieron evitar el tratamiento de la norma retirándose del Congreso local, una estrategia conocida en muchas democracias. En Argentina, por ejemplo, no dar quórum es una práctica parlamentaria habitual.
La reacción del gobernador fue inmediata: anunció que los buscará con la policía, para llevarlos de regreso al Congreso por la fuerza y forzarlos a sesionar. Literalmente, detener a representantes electos por negarse a tratar una ley.
Una escena que parecería improbable en un país que se autodefine como la “democracia más antigua del mundo”. Legisladores que deben votar bajo custodia. O con amenazas. El procedimiento democrático reemplazado por la coerción.
Mientras la política estadounidense se mueve en ese terreno —entre la paranoia migratoria y el autoritarismo camuflado de legalidad—, otro dato, de naturaleza muy distinta, terminó de conformar el paisaje de estas últimas horas: Apple ha vendido 3.000 millones de iPhones desde que se lanzó el primero. Es decir, la mitad del planeta ha tenido uno en la mano.
La empresa factura por año más de 200.000 millones de dólares. Una cifra que representa alrededor de un tercio del PBI argentino. El dato fue publicado en la prensa europea esta semana, y no deja de sorprender. No solo por su magnitud económica, sino por lo que implica en términos de poder, penetración cultural y transformación del consumo global.
Mientras algunas democracias exhiben fragilidades crecientes, hay corporaciones que logran construir imperios con una eficacia que ningún Estado puede igualar. El contraste es inevitable.
El lugar donde se leyeron estas noticias —una localidad al sur de Escocia, frente al mar— ayuda, al menos, a poner todo en cierta perspectiva. Una vista que da al oeste, hacia Irlanda del Norte, permite ver cómo se pone el sol sobre el agua, algo poco frecuente en otras latitudes. La postal no resuelve nada, pero recuerda que hay algo más allá del vértigo político.
La zona, llamada Turnberry, combina geografía y silencio. Allí, a pocos minutos del pueblo más cercano, un hotel —famoso por su historia, por su arquitectura y también por haber sido intervenido por Donald Trump— permanece inmóvil, ajeno al caos. Rodeado por campo de golf y viento, frente al Atlántico, parece otra cosa. Otro tiempo.
Entre la prisión domiciliaria de Bolsonaro, la policía buscando legisladores en Texas y los turistas pagando fianza para entrar al país de la libertad, algo se desacomodó. Y aunque no es del todo claro si se trata de una transición o de una caída, el signo es evidente: el deterioro institucional ya no es patrimonio exclusivo de los márgenes del mundo. También está ocurriendo en su centro.