Entre fantasmas institucionales y narcotráfico real: el desgobierno como estrategia
Mientras Milei acusa posibles fraudes electorales y su vicepresidenta sugiere que quiere eliminar el Senado, el país convive con 70 muertos por fentanilo adulterado, una Corte en disputa y un presidente que promete dejar de insultar. El caos, como política de Estado.
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En cualquier democracia funcional, la vicepresidenta denunciando que el presidente quiere suprimir el Senado bastaría para paralizar la política nacional. En Argentina, apenas alcanza para un titular de media tarde.
Victoria Villarruel, blanco habitual de la tropa libertaria en redes, advirtió hace horas que Javier Milei “aspira a suprimir el Senado”. No es claro si se refería a una intención literal, simbólica o simplemente visceral. Pero cuando una vicepresidenta acusa a su propio presidente de atentar contra uno de los tres poderes del Estado, algo no está funcionando del todo bien.
Lo que en cualquier país se llama ruptura institucional, en Argentina se llama martes.
En respuesta, el presidente, como acostumbra, la acusó de golpista. En lo que sería, de confirmarse, el primer autogolpe fraccionado de la historia contemporánea.
Por supuesto, en este gobierno nadie aclara, nadie desmiente y nadie baja un cambio. El silencio se usa como forma de comunicación. La confusión, como táctica.
Hace apenas unos días, Milei anunció su más reciente política de Estado: dejar de insultar. El anuncio fue hecho con tono de sacrificio personal. Como si Gandhi hubiera decidido ayunar por la paz mundial. En medio de una crisis institucional creciente, el presidente ofrece como solución callarse los agravios.
Pero el problema, naturalmente, no es sólo la forma. Es el fondo. Porque mientras Milei dice que no va a insultar, advierte que habrá fraude electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo con claridad, y sin matices: anticipa que si pierde, será porque le robaron la elección.
Y entonces uno se pregunta: ¿cuál es más peligroso? ¿Un presidente que insulta a sus adversarios o uno que pone en duda el sistema electoral antes de votar? Anticipar fraude sin pruebas no es una opinión: es dinamitar la legitimidad democrática.
Mientras tanto, el Senado de la Nación discute ampliar la Corte Suprema a siete o nueve miembros. La propuesta, en un contexto institucional tan delicado, roza lo grotesco. Y según trascendidos —porque aquí todo es “según trascendidos”—, el gobierno estaría negociando con el kirchnerismo para empujar la reforma.
Sí, leyó bien: libertarios y kirchneristas negociando jueces. Y todo esto con una Corte que ya tiene más causas pendientes que sillas disponibles.
Pero si el espectáculo institucional no alcanzaba, apareció HLB Pharma, una empresa farmacéutica implicada en la muerte de 68 personas por fentanilo adulterado. Bebés intoxicados, laboratorios sospechosos, permisos truchos y un dueño que sigue en libertad. Ariel García Furfaro fue dueño de esta empresa en las fechas donde se la acusa de fabricar sustancias químicas que, según la investigación, se usaban para producir drogas ilegales.
Los indicios son abrumadores: permisos dudosos, importaciones sin control, fiscalización inexistente. Pero lo más grave no es el narcotráfico disfrazado de industria. Lo más grave es que nadie se asombra.
Como si el panorama argentino no fuera ya suficientemente disparatado, el presidente de Estados Unidos —el expresidente, en rigor— Donald Trump fue visto caminando por los techos de la Casa Blanca, a los gritos, anunciando su intención de construir un salón de baile para 750 personas. Mientras Vladimir Putin anuncia despliegues nucleares en Europa, Trump grita sobre decoración de interiores.
La escena parecería salida de un capítulo apócrifo de House of Cards. Pero es real. Y revela hasta qué punto la política global está contaminada por el espectáculo, el ego desbordado y la desconexión con la realidad.
Argentina no está sola en su decadencia institucional. Pero eso no la exime de responsabilidad.
A todo esto, el 6 de noviembre —más de cinco años después del escándalo— comenzará el juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas. Más de 140 imputados, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. Una causa revelada por el periodista Diego Cabot y escrita, literalmente, por un chofer.
Ese juicio, que debió comenzar en 2020, se pospuso una y otra vez. Entre maniobras legales, recursos de amparo, demoras procesales y cambios de clima político, la causa que alguna vez prometió cambiar la historia terminó siendo una nota al pie.
Hoy se cumplen 80 años del bombardeo nuclear sobre Hiroshima. Una fecha para el recuerdo, el espanto y la reflexión.
En el mismo día, Putin anuncia que instalará misiles nucleares en Bielorrusia. El mundo gira entre su pasado más oscuro y su futuro más incierto.
En la Argentina, mientras tanto, los actores políticos de todos los sectores parecen más concentrados en sus redes sociales que en la gobernabilidad.
A esta altura, convendría preguntarse si el desgobierno no es ya una forma de estrategia. Porque cuando todo es caos, nada se puede reclamar. Cuando todo está roto, nadie es responsable.
Y cuando todo se desordena al mismo tiempo —el Senado, la Corte, las elecciones, la economía, la salud pública, la Justicia— parece más lógico suponer que no hay plan… salvo el propio desorden.